El gobierno de Javier Milei atraviesa una contradicción fundante que deberá resolver si quiere imponer su modelo de país: Está sostenido, en gran parte, por la adhesión social y a la vez aplica una serie de medidas que son brutales contra esa misma sociedad que lo votó ¿Se puede ser un proyecto político hegemónico y mayoritario atacando a las mayorías? Dependerá de si convence a la población sobre la inevitabilidad del ajuste, la idea de “sufrir primero, para luego estar mejor”.
El ajuste de Milei no lo va a pagar la casta, lo vas a pagar vos
Javier Milei no era el candidato predilecto de los sectores de poder. Se lo percibía con ideas demasiado extremas y poco músculo político para gobernar un país tan dinámico como la Argentina. Sin embargo, el hastío social con los políticos tradicionales empalmó con la idea de “la casta”, construida por la campaña libertaria y consolidó un triunfo a la Libertad Avanza que afirmaba que “una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.
De esta manera, Milei, empleado al principio para hacer girar la política hacia la derecha con horas televisivas gestionadas por su empleador Eduardo Eurnekian, dueño de América y múltiples negocios, se convirtió en el nuevo presidente. Rápidamente, el establishment se acomodó para darle gobernabilidad. Primero, con el acercamiento del PRO y la integración de la fórmula de Juntos por el Cambio al nuevo gobierno; luego con la designación de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía; y después con la conformación de un aparato mediático para defenderlo: La Nación e Infobae. Milei no era el preferido de los de arriba, es cierto, pero si es quien despertó esperanza y canalizó los sentimientos de los de abajo. Por eso ahora les resulta una herramienta eficaz para avanzar con sus planes.
Del “ajuste lo va a pagar la casta” a ser ajustado por la Casta
En campaña, Milei se mostró como un político distinto, un outsider, que dice la verdad de frente por más amarga que sea. En reiteradas ocasiones aseguró que “el ajuste lo iba a pagar la casta política, no la gente”. A pocos días de asumir, se comprobó que esa afirmación era una mentira.
Se pasó del cántico libertario de “la casta tiene miedo” al meme popular de “la casta tiene empleo”. Integrantes de la política tradicional se hicieron de los principales cargos. Ex menemistas, ex sciolistas, peronistas cordobeses y Patricia Bullrich, la política con más cambios de partidos que se conoce, desfilaron en los nombramientos de los principales cargos del Gobierno.
Las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, redujeron a la mitad el poder adquisitivo de los trabajadores y aumentaron en un 30% las ganancias de la oligarquía terrateniente. Es decir, además de ser un ajuste brutal, fue una transferencia de ingresos de abajo hacia arriba.
De los 5 puntos del PBI que se quieren ajustar del presupuesto, el ajuste a la política sólo representa un 0,5%. El resto será en materia de subsidios a la energía y transportes, la suspensión de la obra pública, el congelamiento de sueldos estatales y planes sociales.
Esto es, recesión de la actividad económica que genera despidos y desempleo, baja real de los salarios y tarifazos. En resumidas cuentas, más desocupados y trabajadores más pobres.
Si bien Caputo planteó la necesidad de bajar la inflación terminando con el déficit fiscal, este plan de medidas genera más inflación (como finalmente terminó reconociendo) y no hay ninguna claridad sobre cómo se lograría que baje.
El objetivo de Caputo nunca fue reducir el déficit para bajar la inflación, sino licuar los ingresos de los trabajadores y el dinero que el Estado paga en pesos para las partidas de Salud, Educación y ayuda social. Estos pesos que el Estado se va a ahorrar serán utilizados para pagarles un dólar más caro a los agroexportadores. En la anterior gestión se le pagaba 600 pesos por dólar liquidado de la cosecha, ahora se pagará 800, es decir, un 30% más.
¿Se levantarán los trabajadores contra un ajuste que les sacó más de la mitad de su salario? La respuesta a esta pregunta dependerá del resultado de una enorme batalla política. De un lado, el Gobierno intentará convencer a la sociedad del discurso religioso de la necesidad de sufrir para corregir el derroche fiscal de años de “zurdos en el poder”. Del otro lado, la izquierda, y discursivamente algunos sectores del kirchnerismo, explicarán que hay otras vías para resolver los problemas del país.
Las primeras batallas que se vienen
El gobierno enviará un proyecto de Ley Ómnibus al Congreso para tratar de manera conjunta las privatizaciones de varias empresas, el cambio de la fórmula jubilatoria, la quita de derechos laborales y el achique del Estado. Según las declaraciones de los diferentes jefes de bloques en Diputados, de los 252 diputados, sólo hay 65 que estarían completamente en contra de votar esta normativa. El resto apoya al Gobierno o “está dispuesto a conversar”.
En relación al Senado, es posible que Milei quiera repartir algo de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires entre otras provincias del Interior para comprar voluntades en la Cámara Alta.
Con respecto a la oposición en la calle, por ahora la CGT habla de “prudencia”, aunque plantearon que si se decide pisar el salario de los trabajadores, no permanecerán de brazos cruzados. Habría que avisarles que ya se decidió congelar el salario de los estatales, que es hora de que dejen de cruzar los brazos.
El dirigente histórico de ATE, Cachorro Godoy, Los Moyano de Camioneros y los movimientos sociales ligados a Juan Grabois plantearon que realizarán movilizaciones para enfrentar los ataques del nuevo Gobierno. Si bien, al momento de escribir estas líneas no hay convocatoria precisa de estos sectores, esperamos que tenga que ver sólo con una discusión táctica y se dispongan rápidamente a convocar.
La izquierda es el único sector que anunció fechas de movilización contra el ajuste del Gobierno.
La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich puso en pie “un protocolo para el mantenimiento del orden público”. Busca terminar con los piquetes y la enorme disposición de lucha del pueblo argentino. Además, Bullrich enviará una ley al Congreso para endurecer la represión a las organizaciones. Las movilizaciones que logren cuestionar este protocolo, son fundamentales para frenar el disciplinamiento social que quiere imponer el nuevo gobierno.
Necesitamos un partido de la clase trabajadora
El problema del país no es de déficit fiscal, es de concentración económica y falta de soberanía política. Tenemos uno de los mejores suelos del mundo en manos de unas pocas familias de la oligarquía terrateniente. Todos esos dólares que podríamos usar para desarrollar la industria, construir viviendas, colegios y hospitales para el pueblo trabajador se los quedan pocas manos que defienden sus privilegios con uñas y dientes.
El campo, que ha impulsado cada golpe de Estado en este país, se encuentra a menudo del mismo lado que el imperialismo estadounidense. Esta es la otra cara del problema. Estados Unidos se ha encargado de impedir el desarrollo industrial de nuestro país favoreciendo proyectos políticos de desindustrialización como la última dictadura militar y el menemismo.
El sector más competitivo del país es el campo, que apenas emplea mano de obra. Por otro lado, la industria es menos competitiva y emplea a la mayoría de la clase trabajadora formalizada y genera puestos de trabajo de manera indirecta. Para resolver esta encrucijada de la economía se debe expropiar a los grandes terratenientes.
Solo un proyecto político de los trabajadores que gane un apoyo de masas entre los trabajadores puede desafiar de esta manera a los dueños del país. Esto requiere que se supere la experiencia del peronismo, que es conciliador con los “poderes fácticos”, y de la izquierda, que muchas veces se aísla de las peleas concretas y se delimita de “todo bando burgués” con la esperanza que un día la clase obrera tome consciencia y se aferre a sus ideas.
Para que pueda surgir una experiencia superadora, un partido de los trabajadores en Argentina, deben surgir nuevos dirigentes de las nuevas experiencias de lucha política, sindical y social.
Las organizaciones populares y de trabajadores en Argentina deben ser un hervidero de debate y lucha política. Muchas veces, cuando han surgido disidencia, se ha expulsado y purgado a valiosos activistas y militantes que criticaron el rumbo de sus organizaciones. Debe haber una renovación generacional y política para que las organizaciones se transformen. Esta renovación no será un regalo de las actuales conducciones que, en el caso del peronismo, son las principales responsables del ascenso de Milei, y en el caso de la izquierda, ni siquiera vieron el fenómeno y votaron en blanco en lugar de tratar de derrotarlo en las urnas.
Sin un partido de los trabajadores no se puede transformar el país, sin una militancia crítica no se puede lograr el grado de unidad necesaria para que exista este partido.
