La Justicia determinó la prisión preventiva para Daniel Jadue, dirigente del PC y alcalde de la comuna de Recoleta, Santiago de Chile, mientras establece arrestos domiciliarios para los alcaldes de derecha acusados de corrupción y deja impunes a los genocidas de la dictadura de Pinochet.
El tercer juzgado de garantía de Santiago, a cargo de la jueza Paulina Moya, dictaminó la prisión preventiva para Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta y ex precandidato presidencial del Partido Comunista chileno. Jadue enfrenta cargos por presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal, en relación con el caso “Farmacias Populares”. Estos hechos se habrían producido cuando dirigía la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP), durante la pandemia de COVID-19.
Durante la audiencia de formalización ocurrida el pasado lunes 3 de junio, el Ministerio Público, representado por los fiscales Xavier Armendáriz (fiscal regional) y Giovanna Herrera (fiscal especializada en delitos económicos), solicitó al Tribunal la medida cautelar de prisión preventiva. La jueza Moya aprobó la solicitud, señalando que la libertad del alcalde Jadue “resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”.
Aunque solo esta semana la causa avanzó en el proceso de formalización, es necesario recordar que la investigación había comenzado tres años atrás, durante la pandemia de COVID-19. En ese contexto de grave crisis sanitaria, y ante el negligente actuar del gobierno de Sebastián Piñera, que ponía en riesgo la población, la ACHIFARP realizó compras de insumos médicos, como mascarillas, termómetros, guantes y pecheras desechables, por una suma superior a los mil millones de pesos chilenos (cifra cercana al millón de dólares). Estos insumos se entregaron a la ACHIFARP, pero una parte de ellos quedó sin uso y almacenada en bodegas.
Una de las empresas encargadas de la importación de estos insumos médicos, acusó a la ACHIFARP de no realizar los pagos comprometidos, querellándose por estafa. A la vez, uno de los vendedores de la firma habría realizado una autodenuncia, señalando que supuestamente se le habría pedido un bono adicional para continuar siendo proveedor del municipio del alcalde en cuestión. Una serie de acusaciones que aún el tribunal no ha determinado si son ciertas o no, pero que la fiscalía acusa que habría generado un “contexto general de morosidad” en la ACHIFARP.
Más allá de la veracidad o no de las acusaciones, que aún debe determinar el tribunal chileno, el proceso judicial ha tenido repercusiones políticas. De hecho, tanto la magistrada como los querellantes reiteraron en sus intervenciones que este proceso no se trataría de un asunto político. Pero como dice el axioma que tanto gusta citar a juristas y letrados: a confesión de parte, relevo de pruebas. La misma fiscal Giovanna Herrera señaló en su acusación que “era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas que habían realizado en la ACHIFARP durante el año 2020 (…) necesario hacerlo porque, obviamente, toda su trayectoria política o toda su capacidad de candidato presidencial podía ser desvirtuada por una gestión de esta naturaleza”. ¿Cuál es entonces esa trayectoria política a la que hizo alusión la misma fiscalía en su alegato?
El proyecto de una comuna popular en tela de juicio
Aunque el edil de Recoleta asume sus funciones tras las elecciones municipales del año 2012, como representante del Partido Comunista en el Pacto por un Chile Justo, desarrollando una diversidad de políticas públicas innovadoras a nivel local, como la Óptica Popular, las Escuelas Abiertas, Salud en tu Barrio, Inmobiliaria Popular, Universidad Abierta de Recoleta, Librería Popular “Recoletras”, “Energía Popular”, Dentista Popular, o la Escuela Popular de Teatro, entre otras. Las Farmacias Populares son sin duda su aporte más significativo, reconocido y valorado a nivel nacional.
El impacto de este programa radicó en la problemática de la privatización de la salud y el acceso a medicamentos en Chile. Antes de la creación de las Farmacias Populares en 2015, el Centro de Estudios Públicos estimaba que el 38,5% del gasto de los hogares en el país se destinaba a medicamentos. En ese sentido, la salud en manos del mercado, era -y es- un negocio altamente rentable para los capitalistas, a costa del bolsillo de las familias trabajadoras. Así, el proyecto de farmacias populares y comunales, que logró abarcar a 170 de las 346 comunas de Chile, permitió el acceso a medicamentos para amplias franjas de la población trabajadora, a precios que se ubicaron en promedio a un tercio del valor de mercado de las farmacias privadas.
Esto ha permitido la sucesiva reelección del alcalde, aumentando su base electoral. En 2021 obtuvo un 64% de los votos, ocho puntos porcentuales más que en las elecciones de 2016.
Inmobiliaria popular
A mediados del 2022, en el contexto del segundo aniversario del Condominio Justicia Social 1, obra diseñada por el arquitecto de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Arquitectura (2002), Juan Sabbagh, conformado por 38 departamentos de 57 m2, que contemplaban tres dormitorios, un baño, sala de estar, cocina, comedor, logia, bodega y terraza, estacionamiento para autos, bicicletas, una sede social, conserjería, zona de administración, zona de juegos, reciclaje, huerto y quincho.
Un reportaje de la Universidad de Chile señaló: “Actualmente, las personas que residen en el condominio son un 97% mujeres jefas de hogar, de las cuales un 37% fueron víctimas de violencia doméstica. Por otra parte, del total de 146 personas residentes, un 82% proviene de Recoleta y 18% de otras comunas; mientras que 16% son adultos mayores y 16% familias migrantes.” Esta iniciativa de acceso popular a la vivienda era financiada con un subsidio de arriendo que otorga el Estado, más un copago que no podía ser mayor al 25% de los ingresos del grupo familiar.
Universidad Abierta de Recoleta
El sistema de educación superior chileno es uno de los más mercantilizados, excluye a los estudiantes en función de su nivel socioeconómico y limitando el acceso mediante un mecanismo de selección elitista.
La UAR, fundada por el alcalde Jadue en 2018, declara en su misión institucional ser “una iniciativa educativa del Gobierno comunal que busca democratizar el conocimiento, permitiendo que todas las personas accedan a una pluralidad de saberes y disciplinas a través de actividades docentes, de investigación y de extensión de calidad, abiertas a todos quienes desean aprender y compartir sus conocimientos”. El mismo Jadue había reflexionado: “La Universidad Abierta de Recoleta surge y se instala, por lo tanto, para romper con esas lógicas mercantiles y así democratizar el conocimiento, poniéndolo al servicio de la comunidad de Recoleta y de todas las comunas de Chile y más allá”.
Una “justicia” a la medida de la clase dominante.
Aunque ahora esas iniciativas se vean opacadas por la imagen mediática del alcalde entrando al recinto penitenciario Capitán Yáber para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra, no podemos olvidar el contraste que genera a los ojos del mundo el largo historial de acciones y omisiones del sistema de administración de justicia en Chile. Que parece no ser ciega, sino tuerta, por lo desigual en la aplicación de medidas y en la persecución penal.
En 2013, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició un juicio colectivo contra tres cadenas de farmacias debido al alza de algunos de sus medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, producto de una acción coordinada. Finalmente, condenaron a las farmacias a pagar 20 millones de dólares. En el fallo, los ministros de la Corte Suprema señalaron que “las empresas implicadas cometieron una infracción de gravedad extrema, habida cuenta de su naturaleza, de sus repercusiones concretas en el mercado de venta al consumidor de los productos farmacéuticos y de la dimensión del mercado geográfico afectado.
La fijación de los precios afectó las reglas de la competencia, permitiendo a las implicadas prever que infaliblemente obtendrían un beneficio económico. El interés económico se sobrepuso a la dignidad humana, a la vida y a la salud de las personas, puesto que, como se dice por una de las requeridas, los márgenes de colusión llegaron solamente a 185 medicamentos éticos”.
En ese caso, siete años después de iniciado el juicio, dos empresas (grandes consorcios dedicados al mercado de medicamentos), Salcobrand y Cruz Verde, compensaron a 53 mil personas, pagándoles a cada una la ridícula suma de $22 mil pesos en un solo pago.
Los grandes grupos empresariales en Chile han perpetrado una extensa lista de delitos económicos. Esto incluye colusiones en el retail, transporte, telecomunicaciones, venta de pollos, pañales, papel higiénico, entre otros. El estado de la cuestión fue escrito por Claudio Fuentes el año 2019 para CIPER, quien tras analizar la larga lista de colusiones de los capitalistas –que a la vez desmiente la ya ridícula, sino inocente, idea de que el mercado se autorregula solo-, planteó: “Si la democracia se asocia con la distribución de poder, en sociedades donde existe una alta concentración del poder económico resulta plausible que los poderosos ejerzan una fuerte presión respecto de los gobernantes. Las reglas aquí se adaptan o favorecen a quienes concentran los recursos económicos, pues son ellos quienes financian la actividad política y, en parte, determinan las opciones de crecimiento y desarrollo económico”.
A pesar de esto, vale mencionar dos casos paradigmáticos de esta desigualdad de trato en la aplicación de Justicia. Una de las formas más curiosas ocurrió el año 2014 en el marco del denominado Caso Penta, un probado fraude al fisco de más de 20 mil millones de pesos chilenos, realizado mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas, a través del cual Empresas Penta –a cargo de los controladores del grupo, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín- financiaron las campañas electorales de distintos partidos políticos del régimen postpinochetista, principalmente la UDI, uno de los partidos más vinculados con el pinochetismo, pero que incluso en una arista que nunca pudo ser investigada llegaba hasta el PS.
En esa ocasión fueron condenados a la pena de dos años de “clases de ética”, una novedosa forma de “intervención psicosocial” a la medida de empresarios corruptos, junto con la libertad vigilada y el pago de una multa, que nada les costó pagar. Desconocemos si en esos dos años del curso de ética, habrán leído con detalle a Platón, Aristóteles, Spinoza o Kant. Lo que sí sabemos es que una Universidad Privada (Adolfo Ibáñez) impartió el curso y cobró 30 millones de pesos.
Paradójicamente, la historia de la Justicia en Chile evidencia desigualdad y falta de rendición de cuentas, especialmente en derechos humanos, legado del dictador Augusto Pinochet. Durante su régimen, las fuerzas armadas perpetraron genocidio, tortura y desaparición forzada de militantes políticos de izquierda. Aunque los Informes Rettig y Valech estimaron 31.686 víctimas, Pinochet vivió y murió impune.
Por eso, todos esos discursos vacíos sobre la “independencia de poderes” y la “autonomía del poder judicial” solo engañan a los inocentes e incautos. Otras burdas e infantiles explicaciones carecen de contenido y perspectiva histórica.
