Se presentó en el Congreso un pedido de juicio político para destituir al presidente Javier Milei y su gabinete de ministros. Es un documento de 25 páginas firmado por activistas de derechos humanos como el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo; entre otros.
Entre los fundamentos del pedido se le acusa al titular del Poder Ejecutivo Nacional de incumplimiento de las funciones públicas e incitación al delito. Esto implica, desde el “genocidio económico” y la privación de la vida digna para los sectores más vulnerables de la sociedad en pos del beneficio de los estratos económicos más poderosos. Para Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en DDHH y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad -además de uno de los firmantes del pedido de juicio político-: “Milei es autoritario y no respeta la división de poderes que establece la Constitución”.
El recorte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, que era el que garantizaba la llegada de alimentos a los comedores; la suspensión del FONID para el pago de los salarios docentes en las provincias; y la desaparición de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que brindaba principal atención a aquellas personas que necesitan medicamentos oncológicos. Se dan en el mismo contexto que el alineamiento con las potencias de la OTAN. Además de la compra de 24 aviones F-16 por 650 millones de dólares.
Ustedes sostienen que el Gobierno no está en condiciones de seguir. ¿Qué cuestiones constituyen un mal desempeño?
Jonatan Baldiviezo: La Constitución establece que el juicio político para destituir a un presidente y otros funcionarios, como los ministros, requieren dos fundamentos: que se acuse de mal desempeño, por la comisión de delitos en ejercicio de la función pública. También por delitos comunes.
Lo que nosotros vemos es una total destrucción del sistema republicano y democrático. Desde que asumió Milei, está gobernando a fuerza de decreto de necesidad y urgencia. Hasta ahora, el Congreso no le votó ninguna ley. Este DNU 70/2023 tiene una envergadura tal que constituye una modificación de la Constitución, oculta. Su contenido implica directamente establecer algo opuesto a lo que estableció la Constitución del ‘94. Ha modificado decenas de leyes, ha derogado otras tantas.
¿Cómo impacta el DNU en la vida de las personas y cuáles de estos aspectos lo vuelven inconstitucional?
JB: De un día para el otro millones de personas se quedaron sin los derechos a la vivienda, como lo es la protección del alquiler. Otras 9 millones de personas perdieron todo tipo de control con respecto al aumento de las prepagas. Por otro lado, en la reforma constitucional del ‘94, además de limitar el presidencialismo, se estableció que la economía tenía que estar dentro de un marco de respeto a derechos humanos. Allí se consolidó un Estado que tenía que estimular y promover la justicia social y la justicia ambiental. Por lo tanto, para garantizar esos derechos, tenía que haber un Estado presente.
Si el Estado no está, no tenemos derechos humanos y no tenemos ninguna posibilidad de poder ejercerlos. Resulta muy grave cuando el presidente dice que toda su política está orientada a que desaparezca el Estado presente. Por eso estamos viendo como al imponerse las reglas del mercado, ganan los más fuertes. Esas son las grandes corporaciones económicas.Esto va en dirección diametralmente opuesta a lo que establece la Constitución.
¿Esto qué implica?
JB: Una grave comisión de delitos. El tema del abuso de autoridad, incumple el abandono de personas. Estamos viendo cómo a través del ajuste para que desaparezca el Estado, cientos de miles de personas se están quedando sin comer en los comedores. Además tuvimos una marcha multitudinaria que debido al recorte que hace peligrar el derecho a la educación a nivel universitario. También el acceso a los medicamentos para las personas que están con enfermedades oncológicas, personas con discapacidad. Y el tema de la prepagas también está generando graves afectaciones al derecho a la salud. Estamos solicitando el inicio al debate para la destitución del Gobierno por esta gran deriva autoritaria.
Además del contenido de su política, que está orientada a favorecer a grandes corporaciones. Ya se firmó el dictamen en mayoría de la nueva Ley Ómnibus. Esto elimina las protecciones laborales que tenían los trabajadores cuando estaban en negro o no formalizados. Todas esas sanciones que se establecían para los empleadores van a desaparecer. El régimen que tiene que ver con los Grandes Contribuyentes, las nuevas regulación de la energía. Está pidiendo nuevas delegaciones en materia administrativa financiera y energética por un año.
¿Qué es lo que hay que hacer para que se efectivice el juicio político?
JB: Primero tenemos que seguir fortaleciendo la conciencia de que las políticas de Milei, que tienen una aparente cuestión de estabilidad macroeconómica, están generando una bomba a futuro. Además, se hace a costa de los sectores que deberían tener mayor protección como los jubilados. Las personas mayores están garantizando la posibilidad de que haya superávit en Argentina. Hay que organizarse para que Milei no tenga triunfos políticos. Hasta ahora no los ha tenido.
Cada vez que ha puesto en debate alguna idea, ha sido rechazado y ha tenido que tomar decisiones unilateralmente. También empezar a demostrar que las instituciones no están funcionando para frenar esta deriva autoritaria. Hay que buscar caminos nuevos como es un juicio político. Ya que la justicia, que es la que debería poner el freno, está completamente ausente. Solo estuvo para detener la reforma laboral del DNU, pero todo lo demás sigue funcionando. La Corte busca excusas formalistas con el tema de la falta de caso concreto o falta de legitimación. Los jueces de las distancias inferiores tratan de resolver casos puntuales sino algo estructural. No están permitiendo discutir el derecho a la democracia.
¿Quiénes están impulsando concretamente el juicio político? ¿Se han encontrado con debates estratégicos dentro del campo opositor? Porque algunos sectores opositores insisten que como el Gobierno fue votado, tiene que poder terminar su mandato.
JB: Parte de la gobernabilidad que tiene Milei es porque no hay sectores que se consideren una alternativa al presente. Entonces nadie tiene o genera energía suficiente para querer reemplazarlo. No como ha sucedido en otros casos en Argentina, esa es la mirada desde la política. Nosotros tenemos una mirada de la ciudadanía, que la están pasando mal. Las decisiones económicas y el ajuste, mientras vemos que las corporaciones están teniendo ganancias extraordinarias, entendemos que no podemos perder más tiempo. Estas políticas nos dejan a merced del mercado. Es como evitar que la democracia no tenga ningún tipo de sentido y sea destruida. Con estas acciones, invitamos a los sectores políticos a que se sumen.
La política es el arte de hacer posible lo necesario, partiendo de lo necesario. Entre más tiempo gobierne Javier Milei, mayor será la destrucción.
JB: Es una reflexiones de cómo se hace política en el país. ¿Cómo se obtiene el poder? ¿Cómo se llega al Estado? Desde esa mirada hemos terminado justamente en tener este presidente que tenemos ahora. Yo creo que hay que empezar a tener la mirada de qué es lo que no podemos permitir y y qué causas queremos impulsar. Nosotros apostamos para que haya una democracia más participativa. Una democracia más directa de la ciudadanía. Aunque es inevitable, por la cantidad de habitantes que somos, que haya instancias de representación. Pero hay que pelear por las causas, nuestros derechos y no ver en el momento cuál es la estrategia para adquirir el poder.
Esa mezquindad política es la que ha generado que no podamos tener un debate serio sobre las cosas que se debe cambiar. Milei llega a la presidencia porque no se quiere volver a un pasado y se quería un cambio. El cambio que propone, muchos no lo entienden o no lo comparten, pero siguen queriendo un cambio. Esa necesidad de cambio se debió a la falta de debates. Argentina es un país donde no se planifica. No hemos obtenido ningún tipo de debate literal y nacional sobre lo que necesitamos.
¿Fue un error del Gobierno anterior concentrarse más en recuperar el poder que en empezar un plan para gobernar?
JB: En su momento se decía que el candidato era el plan. Pero el plan nunca apareció. Eso es una clara muestra de que lo que realmente necesita la población es rediscutir el Estado y los privilegios. Argentina es un país con la corrupción estructural en todos los niveles y en todos los Gobiernos. Esto tiene que parar.
Hay un hartazgo en todos aquellos que tienen un contacto directo con el Estado. Cuando la población está mal económicamente, está mal todas las otras cuestiones. La corrupción, la incoherencia, los doble discursos, adquieren mayor relevancia. Esas son cuestiones que tenemos que reflexionar. No veo autocrítica. Necesitamos enfrentar a esta extrema derecha no democrática.
Teniendo en cuenta que la Comisión de Juicio Político tiene un conflicto con la interna de La Libertad Avanza. ¿Cómo es el camino a la efectivización del juicio?
JB: La interna del gobierno en la comisión es muy importante. Porque el presidente es quien tiene el poder de decir qué proyecto se pone en el temario. Veamos el Senado. Victoria Villarruel tenía el poder para frenar durante meses el debate del DNU pero lo terminaron haciendo. Ahí se vieron las rigideces internas. Es un problema que esté (Marcela) Pagano, que obviamente nos imaginamos que va a terminar separándose La Libertad Avanza.
¿Qué sucedería si empieza a convocar al tratamiento de este pedido de juicio político? A convocar testigos, pruebas, expertos. Es un golpe político. Ya comenzamos nuevamente con el debate de la nueva Ley Ómnibus y ya nos olvidamos de la discusión de la Universidad y el DNU. El debate cambia constantemente. Lo que se va repitiendo en cada una de estas políticas es el ajuste. Que afecta a los más necesitados, a los sectores que están padeciendo, los más vulnerables económicamente.
¿Están haciendo algún tipo de actividad para difundir esta iniciativa charlas?
Esto comenzó con diálogo entre distintos espacios colectivos, que son con los que estamos impulsando el juicio político. En segundo lugar, hicimos principalmente expulsado por Soberanxs una charla de la posibilidad y las razones para iniciar político. Fue una charla charla multitudinaria de miles de personas que se acercaron presencialmente y otras miles acompañando por Youtube. Ahí vimos que hay un sector de la población que está buscando esta posibilidad, que se discuta la destitución de Milei.
El siguiente paso fue presentar el pedido juicio político. Ahora estamos buscando el apoyo de la ciudadanía. Se necesitan firmas virtuales y físicas en todo el país. Pueden buscar a la organización Soberanxs el 1° y el 9 de mayo o directamente acercarse al Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Y ahora, ¿cómo sigue?
JB: Es esencial que podamos dejar las diferencias partidarias o interpretaciones históricas de los gobiernos anteriores de lado. Tenemos que empezar a consensuar, imaginarnos compartiendo cierta mirada de país. Buscar la protección de los derechos y luego ocuparnos las estrategias políticas para ver quién gobierna. Creo que la mirada del pasado y la mirada muy a futuro de quién gobierna no nos está dejando la posibilidad de unirnos como deberíamos hacerlo frente al Gobierno.
CM
