El Centro Universitario de Chivilcoy anunció que, para sostener el dictado del ciclo lectivo de 2024, los estudiantes deberán pagar un “bono” para poder estudiar.
En medio de una crisis presupuestaria, el Centro Universitario Chivilcoy “Herminia Brumana” (CUCH), a través de su página oficial, anunció el viernes 16 de febrero una propuesta financiera de emergencia en colaboración con el Municipio para hacerle frente al ciclo lectivo de 2024.
El futuro y el presente de las universidades públicas está puesto en duda.
En un comunicado con notable falta de claridad y a días del comienzo de clases, la Cooperadora de la institución explicó que hay incertidumbre respecto a la llegada de los fondos necesarios para poder continuar con la labor educativa en esta casa de altos estudios. Dada esta situación, expresaron que necesitan del aporte de todos para garantizar el ciclo lectivo, lo que incluye a estudiantes que ya se encontraban cursando y a los ingresantes.
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La institución educativa municipal tiene como oferta académica carreras de grado, el CBC de la UBA, tecnicaturas y diplomaturas en virtud de acuerdos con las principales Universidades Nacionales. Recibe estudiantes de distintos pueblos y ciudades aledañas como Chacabuco, Junín, Mercedes, 25 de mayo, Suipacha, entre otros. En la actualidad, más de 1.600 personas tienen la oportunidad de estudiar allí, y este año la carrera de Psicología (UNLP) ha registrado más de 600 inscriptos, superando su máximo histórico.
En concreto, para el primer cuatrimestre, los estudiantes deberán pagar un “bono” de $30 mil o 60 mil pesos. Además, según detalla el comunicado, estos montos experimentarán un aumento significativo en el segundo cuatrimestre.
La diferencia de precios responde a la arbitraria división entre residentes y no residentes de Chivilcoy. Un criterio que resulta discriminatorio y que está en sintonía con lo que propuso el Ejecutivo en la fallida Ley Ómnibus, en sus artículos expresaba que los extranjeros debían pagar un arancel para poder estudiar en Argentina.
La universidad pública está en peligro
La solución adoptada por las autoridades y por el ex comisario e intendente, Guillermo Britos, despertó, con justicia, el enojo del estudiantado del CUCH porque la medida se trata del primer caso de arancelamiento en carreras de grado y ya se encuentra rigiendo.
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Frente a esta situación, estudiantes propios a la institución, así como pertenecientes a otras universidades, desarrollaron instancias de organización para solidarizarse con los estudiantes afectados por la iniciativa. Como primera acción, enviaron una nota al intendente y a las autoridades del CUCH cuestionando la iniciativa y exigiendo que clarifiquen muchos de los puntos.
La medida de emergencia que impulsa la institución atenta contra el carácter público y gratuito que tiene la educación universitaria en nuestro país que cuenta, incluso, con el respaldo de la Ley de Educación Superior (LES). Con la reforma de 2015, la LES establece que el Estado Nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, prohibiendo el arancelamiento sobre los estudios de grado y además tiene el deber de garantizar el acceso irrestricto.
La LES fue impulsada durante el menemismo, justamente con el objetivo de que las universidades empiecen a generar “fondos propios” si no les alcanzaba la miseria presupuestaría del Estado Nacional. De esta manera, fue avanzando en universidades públicas gradualmente una mercantilización que es dañina para la gratuidad de la educación. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Matanza, la gestión le cobra a los estudiantes el ingreso, los certificados de alumno regular, las materias de verano, el trámite de reinscripción luego de quedarse libre, etc.
Parece ser que Milei, en consonancia con quien fue para él “el mejor presidente por escándalo de la vuelta de la democracia”, quiere avanzar contra la gratuidad universitaria y la gestión universitaria de Chivilcoy, en vez de ayudar a organizar a docentes y estudiantes para pelear por la educación pública, descarga el ajuste sobre la comunidad educativa.
En ese sentido, es necesario recordar que la educación es un derecho humano social y que la gratuidad de la enseñanza superior llegó, formalmente, durante el primer gobierno de Perón. El 22 de noviembre de 1949, por decreto, suprimió el cobro de los aranceles universitarios. Desde entonces, en nuestro país, el sistema público universitario se financia principalmente con recursos que provienen de rentas generales del presupuesto sancionado anualmente por el Parlamento nacional.
El ahogo presupuestario como política de Estado
Aún así, es innegable que el futuro y el presente de las universidades públicas está puesto en duda. Desde la campaña electoral de Javier Milei y, aún más, desde su asunción como nuevo jefe de Estado, la comunidad universitaria se encuentra en estado de alerta debido a las diversas declaraciones del dirigente libertario en las que cuestiona el carácter público y gratuito de la educación.
Ya en funciones, mediante un DNU, como nos tiene acostumbrados, el Presidente prorrogó el presupuesto Nacional 2023 que preveía una inflación del 60%; sin embargo, este presupuesto quedó muy por detrás del 213% informado por el INDEC y las proyecciones para este año tampoco indican que la inflación vaya a bajar de ese piso. En consecuencia, si no hay fuertes actualizaciones presupuestarias, las universidades públicas contarán con tres veces menos ingresos.
Desde el CIN, el organismo integrado por los rectores de todas las universidades nacionales, se reclama una actualización del presupuesto de 2023 del 300%, que surge como mínimo indispensable para funcionar durante 2024.
Distintas autoridades universitarias aseguraron que las clases están garantizadas sólo por seis meses y hay incertidumbre respecto a si serán presenciales o virtuales. El vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Paul Osovnikar, en una nota radial sostuvo que “las partidas son menores a lo que necesitábamos y con la devaluación e inflación va a ser mucho peor”. El presupuesto asignado “no va a llegar más allá de junio”, agregó Osovnikar.
El congelamiento y el desfinanciamiento a raudales del presupuesto universitario son políticas de Estado que están en línea con la política de austeridad económica promovida por Javier Milei y el endeudador serial “Toto” Caputo. Además del disciplinamiento económico y el desprecio por la educación pública, agregamos el recorte de más de la mitad de las becas destinadas al CONICET, lo que perjudica gravemente el sistema científico nacional.
La principal cuestión radica en la necesidad de aumentar el presupuesto universitario para garantizar la actividad educativa. Desde el CIN, el organismo integrado por los rectores de todas las universidades nacionales, se reclama una actualización del presupuesto de 2023 del 300%, que surge del mínimo indispensable para funcionar durante 2024.
Es innegable que, a pesar de los límites, el acceso a la educación superior genera profundas transformaciones en la vida social, y la calidad educativa de nuestro país es una de las más altas del mundo.
Por eso se desataron luchas y manifestaciones del conjunto de la comunidad universitaria presentes en estos últimos años y a lo largo de la historia. No buscan sostener ningún privilegio, sino defender un derecho humano elemental. Se pretende evitar retroceder como ha ocurrido en otros momentos de la historia argentina.
Defender la educación pública dependerá, como siempre, de la resistencia y la lucha del conjunto de la comunidad educativa junto al pueblo argentino.
Matías Pereyra
