“De un lado, 750 representantes del pueblo, elegidos por sufragio universal (…) de otro lado, el presidente, con todos los atributos del poder regio, con facultades para nombrar y separar a sus ministros, independientemente de la Asamblea Nacional, con todos los medios del poder ejecutivo en sus manos, siendo el que distribuye todos los puestos y el que, por tanto, decide en Francia la suerte de más de millón y medio de existencias”. (Marx, el 18 brumario de Luis Bonaparte)
La república democrática es el instrumento más efectivo para la dominación capitalista, porque permite equilibrar los intereses de los diferentes sectores de la clase dominante, en lugar de imponer el interés irrestricto de un sólo sector, lo que establecería un control unilateral, menos refinado, más agresivo y, por ende, más inestable.
El presidente cuenta con el poder de nombrar a los ministros, eso le permitió incorporar a otras fuerzas políticas, e incluso a técnicos surgidos de las principales empresas capitalistas a su gobierno, generando alianzas que amplíen la base de sustentación del Ejecutivo. Caputo al mando del ministerio de Economía representa los intereses de los banqueros y especuladores financieros, Scioli como embajador de Brasil cuidará el flujo de exportaciones de los industriales automotrices, mientras que Bullrich tiene fuerte influencia entre los sectores represivos del Estado, por poner algunos ejemplos. Esto le da múltiples puntos de apoyo y estabilidad en la fuerza social dominante: la burguesía.
Pero Javier Milei encabeza un partido surgido hace algunos pocos años, cuenta sólo con 7 bancas en el Senado y 34 en Diputados, no tiene ningún gobernador propio, ni tampoco un partido estructurado a lo largo y ancho del país. Uno podría pensar, “tiene pocos parlamentarios, deberá negociar en las cámaras para llevar adelante su programa y, como la oposición tiene muchos representantes, podrá frenar los aspectos más agresivos de su política”.
Pero el propio mecanismo electoral es un sistema armado para dotar al presidente electo de una legitimidad que le permita gobernar con su programa. Del 30% obtenido en la primera vuelta, la votación que definió la composición en las cámaras, Milei saltó al 56% en el balotaje. A esto se suma la defensa ideológica “por principios” que los políticos del sistema hacen de la democracia capitalista.
La enorme mayoría de las fuerzas políticas consideran que deben colaborar con la gobernabilidad, por más reaccionario que sea el Gobierno, porque “la gente lo votó”. De no mediar una presión extra institucional que obligue a una polarización, existe voluntad de los diferentes bloques para pasar acuerdos, o al menos no obstruir el desarrollo del gobierno. La misma actitud es esperable que tenga la CGT, más orientada a una negociación con el nuevo gobierno que a una confrontación directa, como lo han hecho durante el gobierno de Macri y de Alberto Fernández.
Además, hay que reconocer que amplios sectores tienen expectativas con una alternativa que se presenta como “lo nuevo”, y no descartar que se logre momentáneamente convencer a la sociedad de soportar un sacrificio temporal para disfrutar de los frutos del trabajo realizado en el futuro.
Milei sabe que tiene una pequeña luna de miel para aplicar medidas de shock. Además, cuenta con la experiencia del macrismo en el poder, cuya principal conclusión fue, justamente, la necesidad de aplicar las principales reformas en los primeros 60 días.
Un debate que atravesó a las organizaciones de izquierda fue si Milei representa o no una amenaza fascista. A pesar de que algunos aspectos de su organización son ultra reaccionarios, no tiene bandas armadas organizadas, pero sí cuenta con el apoyo de un gran contingente de jóvenes entusiastas que, si bien por ahora se han manifestado más digitalmente que otra cosa, podrían ser la base para una proto militancia de choque. Figuras como Johnatan Morel, de Revolución Federal, relacionado con personas y hechos del atentado a Cristina Kirchner, son algunos de estos jóvenes referentes que tienen el afán de organizar por derecha a esta juventud.
Ya hubo intentos, como el “movimiento antipiquetes” impulsado por Marra, o los exabruptos de Agustín Laje llamando a “bancar la represión de Milei contra la izquierda golpista”. Aunque para constituir un gobierno fascista esto no alcanza, los métodos violentos podrían ser una realidad en el horizonte si se desarrolla su fuerza orgánica.
Pero es más probable que la vía sea la constitución de un gobierno con métodos bonapartistas. Es decir, que saltee las mediaciones institucionales de manera antidemocrática, apoyándose en su vínculo personal con la gente, su control del aparato represivo y los sectores que le respondan. De encontrarse con obstáculos en Diputados, Senadores, o en la propia Justicia, no se descarta la convocatoria a plebiscitos, impulsar movilizaciones en su apoyo o imponerse por decreto. El dato de que Milei haya dado su discurso de asunción de espaldas al Congreso, y que quiera pasar una ley ómnibus o alguna que le dé superpoderes, son indicaciones en este sentido.
Bullrich ha declarado que no tolerará más piquetes y manifestaciones, que quienes se manifiesten serán sancionados con la quita de sus planes, si son extranjeros deportados, e incluso dijo que quiere hacer votar en el Congreso leyes de excepción. Milei prepara una “ley ómnibus-motosierra”, redactada por el ex presidente del BCRA bajo Macri, Federico Sturzenegger. Un paquete de recortes y medidas de ajuste que incluye privatizaciones y despidos, ataques brutales, que entrará en negociación con los distintos bloques en ambas cámaras.
Uno de los primeros desafíos que tendrá el activismo será romper el “pacto de gobernabilidad”. Presionar con todos los métodos para que se quiebre la pasividad en el parlamento y en las calles. No puede ser que la gobernabilidad se garantice permitiendo que aplasten nuestros derechos laborales, democráticos y sociales. Hay que presionar a las bases y direcciones más sensibles al ajuste, a las primeras afectadas, como los sindicatos estatales, impulsando el derecho democrático a la protesta y a la oposición política.
Para lograr esto se debe abandonar la pretensión sectaria que campea en el FITU, que trata de que los trabajadores tomen el camino del socialismo a partir de la denuncia permanente a la inconsecuencia de su dirección peronista.
Un trabajador no desecha una herramienta apenas se empieza a deteriorar, busca primero arreglarla por todos medios hasta que la considere por su propia experiencia inservible. Sólo acompañando la experiencia de los trabajadores con su dirección, ofreciendo espacios de frente único para enfrentar los ataques, podrán los dirigentes socialistas demostrar la inconsecuencia de los conciliadores, o, de lo contrario, obligarlos a ir más allá de lo habitual y así también conquistar posiciones en la lucha.
El voto en blanco en el balotaje fue un error, porque aisló al FITU de la campaña ciudadana contra el ascenso de la ultraderecha al poder, pero además mostró la desorientación de la izquierda frente a un escenario que había cambiado completamente, porque especularon que Sergio Massa tenía la elección en el bolsillo.
La izquierda debe pasar de la “ofensiva en la retaguardia”, que tuvo durante el ciclo político anterior, a la “vanguardia de la resistencia”. Es decir, volverse los más activos defensores de los intereses y derechos de la clase trabajadora, buscando puentes y políticas de unidad de acción con otros sectores, para no exponerse en un contexto adverso y ganarse la confianza de la clase. Estar a la vanguardia de la organización de asambleas, espacios de discusión, y resistencia activa contra cada uno de los ataques junto a todos los que quieran resistir, más allá de su afinidad ideológica o política.
El gobierno de Milei no es un gobierno débil, pero puede ser derrotado en tanto y en cuanto se logre agrupar a una mayoría social en su contra. Para este objetivo, la unidad en la lucha es lo estratégico y debe ser la prioridad de la izquierda socialista.
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