Tengo un amigo de Chile, Nico, que es suscriptor de Resistencia Online. La otra vez, mientras conversábamos sobre su experiencia como activista me contó que él comenzó a activar cuando participó de la “rebelión pingüina”, aquella lucha de los estudiantes secundarios chilenos por la educación pública que implicó tomas de colegios y enormes movilizaciones. Como resultado de ese sistema de educación privada, tuvo que venir a estudiar a la Universidad de La Plata en Argentina. En el año 2006, cuando se produjo la segunda desaparición de Jorge Julio López, ese caso lo sensibilizó profundamente y se unió al movimiento de estudiantes que inmediatamente comenzaron a reclamar, en La Plata y en todo el país, por su aparición con vida.
Hubo algo que lo sorprendió de la cultura política del país que recién estaba conociendo. Me contó que en las reuniones para organizar las primera manifestaciones él sugería llevar capuchas, limones, algo para cubrirse los ojos, en definitiva, elementos para protegerse de la represión policial. Pero sus compañeros no le prestaban mucha atención a sus sugerencias. Le decían: “No te preocupes, acá no es como en Chile, no pasa nada, la policía no reprime a los estudiantes, podemos movilizarnos tranquilos“. Su sorpresa fue aún mayor cuando vio que la gente marchaba con ropa cómoda, relajados, como en un día de campo, tomando mate. Un panorama muy distinto de lo que se vivía en la Chile neoliberal de aquellos años.
Otra compañera y amiga, Nati, está realizando un posgrado y participando en la organización de un sindicato en Estados Unidos. Ella cuenta que en la ciudad de Nueva York los trabajadores tienen que pedir permiso a las autoridades para poder realizar una movilización o siquiera una sentada. Por eso las icónicas imágenes de obreros circulando con pancartas, como en el capítulo de Los Simpsons en el que los trabajadores toman la planta nuclear. Durante la canción de Lisa, se los ve dando vueltas en círculos. Circulan para evadir la legislación contra la protesta, porque la ley estadounidense les prohíbe detenerse en un lugar. Si lo hacen, pueden ser acusados de obstruir el tránsito y reprimidos.
Estas dos anécdotas me hicieron reflexionar sobre cómo cosas que tenemos completamente naturalizadas, en realidad, no son tan normales cuando se miran desde afuera. El derecho a la movilización y al piquete, a la huelga, tan característico de la sociedad y la cultura argentina, es en realidad una conquista de grandes procesos de lucha de la clase trabajadora y los sectores populares; y en particular de un hecho que fue la rebelión popular del 2001, que De la Rúa quiso ahogar en sangre y terminó siendo eyectado del gobierno.
La lucha de estatales y docentes
Este miércoles, en respuesta a los 15.000 despidos de empleados estatales efectuados por el Gobierno Nacional (que además declaró que esto era solo el comienzo y su objetivo era deshacerse de 70.000 trabajadores), el gremio estatal convocó a presentarse e ingresar a los lugares de trabajo.
Inmediatamente, la ministra de Seguridad salió a denunciar esta medida de lucha como ilegal, pero los trabajadores respondieron que en realidad lo ilegal y completamente irregular eran los despidos, ya que la propia Constitución Nacional establece, en el Artículo 14 bis, al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizando estabilidad en el empleo.
Además, el Gobierno utilizó el eufemismo de “finalizar contratos” en lugar de “despidos”, pero el sindicato explicó de manera didáctica que, cuando un trabajador realiza las mismas tareas que otro que está en planta permanente y responde al mismo patrón pero está contratado durante un plazo prolongado, la legislación argentina establece que eso constituye un fraude laboral. Es el Gobierno el que está en completa ilegalidad y no los trabajadores y sus organismos gremiales, que justamente se amparan en la ley para defender sus derechos.
Casi todos los ministerios amanecieron ese día bloqueados desde temprano por operativos de Prefectura, Policía de la Ciudad e incluso de la Policía Aeroportuaria. Hubo represión en el INADI y situaciones de tensión en las dependencias de la Secretaría de Agricultura, el Servicio Meteorológico Nacional, el ex Ministerio de Educación y el Centro Cultural Kirchner. Finalmente, los trabajadores pudieron realizar sus asambleas en los lugares de trabajo y declararon un paro para este viernes con movilización al Ministerio de Economía.
El jueves se repitieron escenas de tensión similares, cuando las fuerzas de seguridad arrojaron gas lacrimógeno y golpearon a docentes que se encontraban realizando una manifestación pacífica frente al Congreso, en el marco de un paro nacional convocado por CTERA. El principal reclamo era el reintegro del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que constituyó una pérdida nominal de salario, y el repudio al protocolo Bullrich en el aniversario del asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba.
Aunque estas represiones podrían considerarse leves si se las compara con la del 2001 o la en la que fue asesinado Carlos Fuentealba, constituyen una especie de “tanteo”, con las que el Gobierno busca amedrentar a los manifestantes para preparar choques mayores. Antes naturalizábamos nuestro derecho a movilizarnos pacíficamente; ahora, buscan que naturalicemos que nos pueden golpear, tirar gases o encarcelar si vamos a una marcha.
Nos acercamos, con nuestros carnets de diputados, pidiendo que el responsable del operativo nos explicara por qué estaban reprimiendo una marcha de docentes y jubilados. Un policía de la Ciudad sin identificación nos tiró el nuevo gas directamente al rostro. Acá las imágenes 👇 pic.twitter.com/xPTsXAO4xE
— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) April 4, 2024
La fragilidad de las reformas del Gobierno
El ajuste y las medidas económicas del Gobierno están cuestionadas en términos institucionales. El Protocolo Bullrich enfrenta presentaciones judiciales y amparos. La Ley Ómnibus se cayó en el Congreso, y el Mega DNU, aunque aún vigente, fue rechazado en la Cámara de Senadores y denunciado como inconstitucional por muchos parlamentarios y abogados constitucionalistas.
La inestabilidad jurídica de estas medidas hace que ataques tales como el cierre de Télam, los recortes en el Estado y las privatizaciones de empresas públicas que se amparan en el DNU, estén aún en el aire y no hayan podido concretarse completamente de manera irreversible. El Gobierno necesita consolidar su programa de manera institucional mediante el apoyo de bloques legislativos para consolidar las modificaciones estructurales, o bien generar una situación tal que los cambios sean de hecho irreversibles, por ejemplo dolarizando o destruyendo completamente la economía real de la gente de a pie.
En el terreno de la oposición, no se ve todavía una alternativa clara ni un freno contundente al ataque sistemático que el Gobierno viene llevando contra el nivel de vida de los trabajadores y los sectores populares. El freno institucional que rechace las medidas no va a aparecer hasta que no exista una enorme presión popular en las calles. Las medidas de lucha de ATE y los docentes son una pequeña muestra de que la clase trabajadora argentina no es un sujeto pasivo que se deja hacer cualquier cosa sin reaccionar. El Gobierno tantea con la represión, pero no se anima a ir muy a fondo porque sabe que eso puede salir muy mal, generando el efecto contrario, una enorme reacción popular que haga volar por los aires su programa y su plan económico.
Hace 17 años, Jorge Sobisch, entonces gobernador de Neuquén, reprimió un corte de docentes en la Ruta 9, a la altura de Arroyito, para demostrar que era un político con mano dura, y para liberar la ruta en favor de los empresarios hoteleros y turísticos de cara a un fin de semana largo. En ese corte, el policía Darío Poblete disparó un gas lacrimógeno al parabrisas trasero de un Fiat Espacio donde viajaba el maestro socialista Carlos Fuentealba. La cobarde represión y el asesinato de este compañero, lejos de derrotar a los docentes y apaciguar el reclamo, generó las movilizaciones masivas más grandes de la historia de Neuquén, que lograron encarcelar a los autores materiales y terminaron con la carrera política de Sobisch, que hasta entonces se veía como presidenciable.
Si bien Sobisch está libre, porque las cadenas de impunidad entre la política y la justicia no pudieron ser derrotadas aún por la lucha, sí aprendió una importante lección: que el intento de responder a reclamos legítimos de los docentes y los trabajadores con represión puede salir muy mal y costarle caro a quienes busquen beneficiar a los capitalistas con violencia hacia los trabajadores. Sería bueno que Milei tome nota de esta lección.
